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Web MINURSO
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 Intervenciones de Juristas en la IV Comisión de descolonización de la ONU:



2014


Intervención de los juristas Españoles en la IV Comisión de descolonización de Naciones Unidas.


Intervención de INES MIRANDA NAVARRO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Octubre 2014

Sr. Presidente,
Honorables Delegados,

Un año más el Consejo General de la Abogacía Española comparece ante esta honorable organización para informar de la labor de Observación Jurídica realizada en el Territorio no Autónomo del Sáhara Occidental, iniciada hace más de doce años.

En este último período juristas españoles hemos seguido acudiendo al Territorio, para asistir a los enjuiciamientos contra la población saharaui, y verificar el respeto a sus derechos humanos, pudiendo constatar la permanente vulneración de los mismos y de la legalidad internacional por parte de Marruecos.

Marruecos, potencia ocupante del Sáhara, desatendiendo el contenido del IV Convenio de Ginebra que le es aplicable, continúa alterando la población del territorio; adoptando acuerdos internacionales con la UE y terceros estados que tienen por objeto los recursos naturales del Sáhara Occidental; enjuiciando a los saharauis y encarcelándolos; bloqueando el acceso al territorio; desatendiendo las necesidades económicas sociales y culturales de la población autóctona saharaui, aplicando medidas de apartheid.

La instrumentalización de los juicios pretendiendo una judicialización del conflicto; las detenciones arbitrarias; las desapariciones forzosas; las torturas a los saharauis que proclaman el cumplimiento de la legalidad internacional, el Derecho a la Paz y a la Autodeterminación del Pueblo Saharaui, continúan siendo una constante en la actuación marroquí contra la población autóctona del Sáhara.

Con respecto a los Juicios resaltamos una vez más, y como punto de partida la falta de soberanía y jurisdicción de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y su población, como ya dictaminó en fecha 29 de enero de 2002 el Consejo Jurídico de Naciones Unidas, concluyendo que "El acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia Administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transmitido”.

Por lo tanto, como establece la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, en resolución de fecha 4 de julio de 2014 “si por la legalidad internacional un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción”

Así, desde su inicio los Juicios son nulos de pleno derecho, y contravienen el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, destacándose en su práctica:

  • a) La vulneración de la Tutela Judicial efectiva, y el sometimiento de los saharauis a Tribunales de excepción, como el militar.
  • b) La vulneración del Derecho de Defensa, y del derecho a la Presunción de Inocencia.
  • c) La Falta de imparcialidad y objetividad de Jueces y Fiscales, cuyas acciones están impregnadas de falta de fundamento y aparente seguidismo a los mandatos del poder ejecutivo.
  • d) Vulneración de los derechos fundamentales y procesales de los imputados, empleo sistemático de torturas para obtención de pruebas, detenciones arbitrarias, denegación de asistencia médica ocasionando la muerte de los presos como el caso de HASSANA EL OUALI, fallecido en hospital militar de Dahkla el día 28/09/2014.
  • La perturbación de la legalidad por la potencia ocupante se extiende también contra los Abogados Defensores que son represaliados, llegando la administración marroquí a organizar procedimientos contra ellos, como en el caso del Abogado marroquí MOHAMED EL MESSAOUDI, contra quien se siguió un juicio tras su intervención en la defensa del “Grupo de los Siete”, y del “Grupo de Gdeim Izik” en un juicio militar.

    Son Juicios construidos por la potencia ocupante para perseguir y encarcelar a los activistas y defensores de derechos humanos saharauis, enjuiciando “como delictivas” acciones legitimas reconocidas y amparadas por la legislación internacional a la población de los pueblos ocupados. Son, en último término, Juicios Políticos.

    Sr. Presidente, Delegados, concluyo trayendo a nuestra memoria las palabras del mejicano Benito Juárez, “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

    Muchas Gracias,

    INES MIRANDA NAVARRO
    CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (CGAE)
    NUEVA YORK OCTUBRE DE 20143




    Intervención de JOSE REVERT CALABUIG
    IAJUWS
    Octubre 2014

    Sra. Presidenta, Honorables Delegados y Delegadas, en nombre de La Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS) y en el mío propio, agradezco la posibilidad de intervenir ante esta importante Comisión de la Asamblea General.

    La legalidad internacional es clara y tozuda respecto al proceso de descolonización del Sahara Occidental.

    La resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el Derecho del Pueblo Saharaui a la libre determinación, estando incluido este en la lista de Territorios No Autónomos desde 1963.

    El art. 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce como derecho fundamental el Derecho a la libre determinación de los Pueblos. Y en su párrafo 3 manifiesta que los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación.

    Este derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui fue ratificado mediante dictamen de la Corte Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975 por el que en opinión de la misma no existían vínculos de soberanía entre el Sahara Occidental y el Reino de Marruecos.

    Esta legalidad internacional fue violentada mediante una ocupación militar efectuada por El Reino de Marruecos en 1975.

    Ocupación del territorio que ha sido condenada entre otras por las Resoluciones de la Asamblea General 34/37 de 21 de noviembre de 1979, y 35/19 de 11 de diciembre de 1980 en las que se “Deplora profundamente la persistente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos. Y por ello Pide encarecidamente a Marruecos que ponga fin a la ocupación del Territorio del Sahara Occidental.”

    Ocupación que no reconocen siquiera los Tribunales Españoles (Antigua Potencia Colonial), y en especial hay que citar el Auto nº 40/2014 de La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española en el que se afirma lo siguiente: “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio”

    Hoy casi treinta y nueve años después el Pueblo Saharaui no ha alcanzado la libre determinación, reconocida por la legalidad internacional que representa esta institución.

    Como consecuencia de esta situación de bloqueo, junto con la persistente ocupación militar se esta generando una enorme desesperación en el Pueblo Saharaui, tal y como se refleja en el informe del Secretario General de 8 de abril de 2013 en el que su Enviado Personal después de realizar consultas en las Capitales del grupo de Amigos del Sahara expresó “que uno de esos gobiernos calificó la situación existente en los campamentos de bomba de relojería en marcha”.

    Esta situación persistente de bloqueo lleva a reflejar en el informe del Secretario General de 10 de abril de 2014, en el que su Enviado Personal afirma que “ ha manifestado repetidamente a las partes a que reconozcan que el paso del tiempo no puede sino empeorar la situación”.

    Por lo cual estimamos que ha llegado el momento de no ser neutrales en el tratamiento de este problema, ya que en este caso no hay partes iguales, sino una potencia ocupante según se ha reconocido mediante resoluciones de la Asamblea General y un territorio ocupado, el Sahara Occidental, por tanto esta institución debe volver a la “Búsqueda de una solución política justa, duradera y definitiva de la cuestión del Sahara Occidental”

    Y no a la posición equidistante como se muestra en el informe del Secretarios General de 8 de abril de 2013 en el que se manifiesta que

    “Cada una de las partes debe aceptar que ninguna de ellas verá satisfechas todas sus demandas.”

    Postura totalmente injusta, ya que aparentemente otorga derechos al Reino de Marruecos sobre un territorio que no le pertenece.

    Por todo ello, Naciones Unidas ante esta situación injusta debería obligar al Reino de Marruecos a cumplir con la legalidad internacional, incluyendo si fuese necesario recurrir al capitulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

    Honorables delegados, El art. 2.3 de la Carta de Las Naciones Unidas obliga a los países firmantes al arreglo pacífico de las controversias, por tanto no se debe permitir al Reino de Marruecos anexionar por la fuerza un territorio El Sahara Occidental que no le pertenece y nunca le ha pertenecido.

    Muchas gracias.

    JOSE REVERT CALABUIG
    ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS POR EL SAHARA OCCIDENTAL (IAJUWS)
    NUEVA YORK OCTUBRE DE 2014




    Intervención de JAVIER A. GONZÁLEZ VEGA
    Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental
    Octubre 2014

    Sr. Presidente, Honorables Delegados,

    Les agradezco su favorable disposición para intervenir en esta Comisión en representación del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

    Desafortunadamente, un año más esta Comisión se ve obligada a examinar el asunto del Sahara Occidental, un territorio que hubiera debido de seguir un proceso de descolonización bruscamente interrumpido hace ya 39 años.

    De nuevo, esta Comisión tiene ante sí el examen de una situación que refleja la palmaria vulneración del capital principio de la libre determinación de los pueblos, uno de los propósitos que animan a la Organización en la que nos hallamos.

    Y es que pese a la claridad de las normas proclamadas por la Asamblea General en relación con la descolonización (Resoluciones 1514 (XXV) y 2625 (XXV), pese a las rotundas afirmaciones de la Corte Internacional de Justicia en su ya lejano dictamen de octubre de 1975 en relación con la cuestión, el pueblo del Sahara occidental continúa viendo negado su derecho a la libre determinación.

    Sr. Presidente, Honorables Delegados,

    El Derecho internacional reconoce el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales. En tal sentido, la Asamblea General proclamó en su Resolución 1803 (XVII) la “soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales”. Este derecho es el corolario económico del derecho a la libre determinación.

    A su vez, la relevancia de este derecho ha sido destacada en diferentes asuntos planteados ante la Corte Internacional de Justicia y la propia Corte se ha hecho eco de ello en su Sentencia de 19 de diciembre de 2005 en el asunto de las actividades armadas en la Republica Democrática del Congo (Congo c. Uganda).

    Por otra parte, la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales es la garantía para éstos de su derecho al desarrollo, tal como ha reiterado la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros órganos y organismos del sistema de Naciones Unidas.

    Sr. Presidente, Honorables Delegados

    Lamentablemente, la persistente violación del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, también se ha visto acompañado de la reiterada violación de su soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

    De hecho, la potencia ocupante, el Reino de Marruecos, viene explotando ilegalmente las riquezas naturales del territorio del Sáhara Occidental: los fosfatos, la pesca, los productos agrícolas y los acuíferos. Asimismo, ha concertado determinados acuerdos con compañías extranjeras con miras a explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos existentes en la plataforma continental del Sáhara Occidental.

    Esta situación ya ha tenido ocasión de ser cuestionada por la propia Organización de las Naciones unidas, al recordar (Dictamen Corell, 2002) que sólo “cuando las actividades de explotación de recursos redundan en beneficio de los pueblos de los Territorios no autónomos y se realizan en su nombre o en consulta con sus representantes, se consideran compatibles con las obligaciones que incumben a la Potencia administradora en virtud de la Carta, así como conformes a las resoluciones de la Asamblea General y al principio consagrado de “soberanía permanente sobre los recursos naturales”.

    Sr. Presidente, Honorables Delegados

    Este año, la potencia ocupante -el Reino de Marruecos- ha celebrado con la Unión Europea un Protocolo de Pesca que desconoce flagrantemente las obligaciones derivadas del respeto a la soberanía permanente del pueblo del Sáhara Occidental sobre sus recursos pesqueros. Ese Acuerdo no respeta mínimamente las obligaciones establecidas por el Derecho internacional: ha sido concluido por una potencia ocupante, sin tener en cuenta la voluntad de los representantes del pueblo saharaui y sin que las actividades previstas redunden en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental. Por otra parte, conduce a una explotación abusiva y no sostenible de los recursos marinos existentes.

    Por su parte, la Unión Europea al concluir el Acuerdo ha desconocido sus propias obligaciones de respeto del Derecho internacional proclamadas en su Tratado constitutivo y las Resoluciones de Naciones Unidas que dice respetar y apoyar. Estas violaciones son tanto más graves dado que han contado con el impulso de un Estado miembro de la Unión –España- que es la potencia administradora del territorio y que conculca una vez más las sagradas obligaciones que le corresponden en cuanto tal.

    Muchas gracias

    Javier A. González Vega
    Presidente del OAPSO
    Catedrático de Derecho Internacional público de la Universidad de Oviedo (España)




    Intervención de DOLORES TRAVIESO DARIAS
    ASOCIACIÓN CANARIA DE JURISTAS POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
    Octubre 2014

    Sr. Presidente,
    Honorables Delegados,

    En nombre de la ASOCIACIÓN CANARIA DE JURISTAS POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, comparezco una edición más ante esta Comisión para informar de nuestra labor de Observación Jurídica desarrollada en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, de la situación en la que vive la población saharaui bajo la ocupación ilegal de Marruecos, y denunciar la impunidad en la que se mantienen los responsables de la ocupación.

    El pasado 28 de septiembre murió en el hospital militar de Dahkla el activista saharaui HASSANA EL OUALI, mientras estaba preso, y fue enterrado a escondidas, sin consentimiento de la familia, y sin investigación de los hechos, tal como sucedió con el joven saharaui SAID DAMBAR en el año 2011, asesinado por un policía marroquí en las calles de EL Aaiún.

    Hassana El Ouali, miembro del Comité contra la Tortura de Dahkla, fue detenido el 5 de enero de 2012, con motivo de los hechos acaecido en septiembre de 2011, en los que grupos de marroquíes atacaron a jóvenes saharauis a la finalización de un partido de fútbol, asaltando viviendas, y matando al joven saharaui MAICHAN MOHAMED LAMIN, muerte que nunca fue investigada, a pesar de la insistencia de su familia. Hassana fue sometido a torturas desde el inicio de su detención, en el traslado a El Aaiún, y en la cárcel. En octubre de 2012 fue sometido a juicio y sin ninguna prueba ni garantía, fue condenado a tres años de prisión conjuntamente con otros activistas de Dahkla, ratificándose la condena en la apelación celebrada en abril de 2013. Hassana padecía diabetes y se le negó todo tipo de tratamiento médico en la prisión.

    En Hassana El Ouali se concentran todos los elementos antijurídicos e ilegales aplicados por Marruecos a la población saharaui en una acción programada y sistemática de silenciar las voces que reclaman la Autodeterminación del Sáhara Occidental, y que denuncian el exterminio del pueblo e identidad saharaui, de lo que hemos sido testigos directos los juristas españoles en los últimos doce años.

    Los observadores juristas denunciamos, las detenciones arbitrarias de los saharauis, las torturas, el sometimiento a juicios ante tribunales de ocupación carentes de jurisdicción, la dispersión de los presos en territorio marroquí, la vulneración del derecho de libertad de expresión, la supresión de los derechos económicos sociales y culturales, y las injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y comunicaciones.

    Marruecos continúa con su política arbitraria de imposición de penas a los saharauis, con cadenas perpetuas, o como las recientes sentencias dictadas el 29 y 30 de septiembre en los Juicios de Agadir contra el Grupo de Assa y Goulimine incrementando las penas en la segunda instancia de 1 año a 10 años de prisión.

    Ante estas reiteradas denuncias de los juristas, los miembros de la Comunidad Internacional guardan silencio.

    España potencia administradora de iure del Territorio, está obligada a concluir la descolonización, tal y como determinan sendas resoluciones de Naciones Unidas, y como establece por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional española en Auto de fecha 04 de julio de 2014.

    Y, sin embargo, el Reino de España ni una sola vez, al menos en los últimos doce años, ha intervenido en esta Comisión para defender y proteger los derechos de una población y territorio cuya soberanía aún ostenta, y en cambio si que toma la palabra con respecto al territorio de Gibraltar, reclamando sus derechos territoriales, lo que evidencia una palmaria contradicción de España en sus propios actos.

    Sr. Presidente, Delegados.

    Ante la situación descrita, quiero concluir reiterando que se hace necesaria una actuación efectiva para lograr el cumplimiento de la legalidad, considerándose indispensable ampliar las competencias del mandato de la MINURSO a la protección de los derechos humanos en el territorio.

    Muchas Gracias.

    Mª DOLORES TRAVIESO DARIAS
    ASOCIACIÓN CANARIA DE JURISTAS POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. (JUPADEHU)
    Nueva York 2014







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